El derrumbe de una pasarela sobre el río Chubut en 2002 provocó la muerte de ocho alumnos y una docente. Una jueza de Rawson condenó a ambas provincias y a una aseguradora a pagar una millonaria indemnización.
Las provincias de Chubut y Buenos Aires, junto a la firma Provincia Seguros, fueron condenadas a pagar casi $4.000 millones a las familias de las víctimas de la “Tragedia del Dique”, ocurrida el 19 de septiembre de 2002 en Florentino Ameghino. La causa, que llevaba más de dos décadas de litigio, tuvo sentencia en los últimos días por parte de la jueza civil de Rawson, Amorina Úrsula Testino.
El fallo responde a los reclamos de familiares de los alumnos Valeria Yamila Moreno y Walter Damián Caballero, fallecidos durante el derrumbe de una pasarela colgante sobre el río Chubut, mientras realizaban un viaje educativo junto a la docente y otros compañeros de la EGB N° 39 “Fragata Libertad”, de Merlo, provincia de Buenos Aires.
Un viaje de estudios que terminó en tragedia
El grupo había viajado a la provincia de Chubut como parte de una experiencia educativa organizada por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. La estructura de la pasarela —que presentaba fallas de mantenimiento— colapsó mientras era utilizada por los alumnos, provocando la caída de decenas de personas al río.
Ocho estudiantes y una docente perdieron la vida, mientras que otros 18 sobrevivientes sufrieron heridas físicas y secuelas psicológicas permanentes. El episodio conmocionó al país y abrió un largo proceso judicial por responsabilidad civil contra los Estados involucrados.
El fallo: responsabilidad compartida
La jueza Testino dictó sentencia en dos fallos separados, donde se establece la responsabilidad del Estado bonaerense por no garantizar condiciones de seguridad durante el viaje escolar, y del Estado chubutense por no haber controlado las condiciones estructurales de la pasarela del dique.
Además, se incluye como responsable a la empresa Provincia Seguros, aseguradora contratada por el Gobierno de Buenos Aires, que deberá hacerse cargo de una parte del monto indemnizatorio.
En su resolución, la magistrada dio lugar al reclamo por daños materiales, morales, psicológicos y patrimoniales, y consideró acreditadas las consecuencias graves que persisten en los sobrevivientes y las familias.
Un extenso recorrido judicial
En noviembre de 2002, el reclamo fue iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la causa atravesó un complejo proceso de competencias judiciales hasta que finalmente se radicó en la Justicia ordinaria de Chubut.
Algunas familias ya habían alcanzado acuerdos de reparación económica en años anteriores. Sin embargo, esta sentencia marca un hito en la búsqueda de justicia por parte de los familiares que aún no habían sido indemnizados.