Con una amplia mayoría y el respaldo de casi todos los bloques, se sancionó la ley que busca frenar las estafas y extorsiones desde los centros de detención. El proyecto, impulsado por el gobernador Ignacio Torres, garantiza el derecho a la comunicación pero bajo un régimen controlado.
En una sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Gustavo Menna, la Legislatura del Chubut aprobó este jueves por amplia mayoría la ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles por parte de los internos en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La medida, enviada por el Poder Ejecutivo Provincial, se alinea con la normativa nacional vigente y tiene como eje central la seguridad pública. El objetivo es desarticular las «oficinas delictivas» que operan tras las rejas, desde donde se coordinan estafas telefónicas, extorsiones y otros delitos que afectan a la ciudadanía.
Un límite a la red delictiva
La diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue la encargada de presentar el proyecto. En su alocución, fue tajante: «Una cárcel no puede ser un centro de operaciones clandestinas. No podemos permitir que una visión distorsionada de los Derechos Humanos nos lleve a desproteger a las víctimas».
Por su parte, la diputada Sonia Cavagnini aclaró que la ley no implica aislar a los detenidos, sino «ordenar» las comunicaciones. «La cárcel tiene que ser un lugar de cumplimiento de condena y de resocialización, no un centro de operaciones delictivas», afirmó.
El acompañamiento de la oposición y el debate por el «apuro»
Si bien el bloque Arriba Chubut acompañó la medida, sus integrantes (Juan Pais, Norma Arbilla, Vanesa Abril y Emanuel Coliñir) cuestionaron la celeridad del tratamiento. Pais destacó la productividad de las reuniones informativas con especialistas, aunque sugirió que un mayor tiempo de análisis hubiera sido ideal para procesar la información recabada. Asimismo, subrayó la importancia de garantizar el acceso a internet para fines educativos y de formación de los reclusos.
Desde el Pich, la diputada Andrea Toro apoyó la ley pero adelantó que solicitará informes sobre el estado real de la infraestructura de comunicaciones en las cárceles provinciales para asegurar que la prohibición sea efectiva.
Voces en contra: estadísticas y «estigmatización»
La votación terminó con solo dos votos negativos: Tatiana Goic (Primero Chubut-CET) y Juan Aquino (Frente de Izquierda).
Goic fundamentó su rechazo señalando la falta de estadísticas oficiales que vinculen directamente el uso de celulares en Chubut con la tasa de delitos. Además, advirtió sobre lo que consideró «discursos de odio» y una tendencia a estigmatizar a la población carcelaria. «Las personas privadas de su libertad ya están pagando su condena», remarcó.
En la misma sintonía, Aquino calificó la medida como basada en «conjeturas» y señaló que el debate evita abordar las raíces sociales y económicas de la delincuencia, además de denunciar las precarias condiciones de infraestructura en las que se encuentran los centros de detención.
Puntos principales de la ley:
- Prohibición total: No se permiten celulares ni dispositivos móviles personales en las celdas.
- Comunicaciones controladas: Se establece un régimen que garantiza el contacto con el exterior pero bajo supervisión estatal.
- Seguridad: Prevención de estafas, secuestros virtuales y extorsiones.
- Votación: Acompañaron los bloques Despierta Chubut, Arriba Chubut, Pich, Chubut Unido y Familia Chubutense.
Con esta sanción, el Gobierno Provincial suma una herramienta clave en su agenda de seguridad, buscando dar respuesta a uno de los reclamos más recurrentes de la sociedad chubutense frente al avance del cibercrimen.