La cantidad de niñas, niños y adolescentes que acceden a la reparación económica prevista por la Ley Brisa pasó de 12 a 37 desde la puesta en marcha del sistema de seguimiento implementado por la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia.
Al conmemorarse este 4 de julio un nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional N° 27.452, conocida como Ley Brisa, el Poder Judicial de Chubut destacó los resultados alcanzados a partir del monitoreo permanente de la normativa, una herramienta que permitió ampliar significativamente el acceso de niñas, niños y adolescentes a los beneficios previstos por la legislación.
Los datos relevados por la Oficina de la Mujer y de Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia muestran que, antes del inicio del monitoreo, en 2020, existían 12 personas beneficiarias de la reparación económica. Al 30 de junio de 2026, esa cifra ascendió a 37, lo que representa un incremento de 25 nuevos casos incorporados al régimen de protección.
La Ley Brisa establece una reparación económica y cobertura integral de salud para niñas, niños y adolescentes que son hijos de víctimas de femicidio o como consecuencia de hechos de violencia de género o violencia intrafamiliar. El objetivo es garantizar condiciones mínimas de protección y acompañamiento frente a situaciones de extrema vulnerabilidad.
Desde la implementación del monitoreo, la OM-OVG desarrolla un trabajo articulado con distintos organismos nacionales, provinciales y judiciales para identificar casos alcanzados por la normativa, impulsar las gestiones necesarias y remover obstáculos administrativos que puedan dificultar el acceso a los beneficios.
Según se informó, el crecimiento registrado en la cantidad de personas beneficiarias está directamente vinculado con el seguimiento sistemático de los expedientes y la coordinación interinstitucional que permite acelerar trámites y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos contemplados en la ley.
Durante 2026, las acciones conjuntas con las Asesorías de Familia de las distintas circunscripciones judiciales permitieron intercambiar información relevante para destrabar procedimientos pendientes y garantizar tanto la cobertura de salud como la percepción de los ingresos mensuales establecidos por la normativa.
Del monitoreo participan, además de la OM-OVG, los Servicios de Protección de Derechos, el Servicio de Asistencia a la Víctima, las Asesorías de Familia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y diversos organismos judiciales de los fueros penal y civil.