En General Roca, la jueza de Garantías María Gadano dictó medidas cautelares contra Marco Fattorello, docente de violín del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), tras denuncias de hostigamiento presentadas por cuatro integrantes de la institución.
Según la acusación, el conflicto comenzó el 17 de marzo con presuntos insultos y empujones dentro del IUPA, y luego se trasladó a las redes sociales. La fiscalía sostiene que Fattorello difundió datos sensibles de colegas y estudiantes ante una audiencia de más de 137.000 seguidores, lo que derivó en amenazas de muerte, acoso callejero y advertencias de violencia contra los denunciantes.
La jueza resolvió que, hasta el 20 de diciembre, el docente no podrá acercarse a menos de 30 metros de las personas denunciantes, comunicarse con ellas ni mencionarlas en redes sociales. La defensa cuestionó las restricciones por considerar que afectan la libertad de expresión y el derecho al trabajo.
La versión de Fattorello
En sus redes, Fattorello rechazó las acusaciones y aseguró que nunca amenazó ni atacó a nadie:
“En mis redes jamás ataco ni amenazo. Doy opiniones críticas y muestro lo que ocurre en mi lugar de trabajo. Pido expresamente a mis seguidores que no agredan ni escriban a nadie”.
El docente planteó que lo que viven sus denunciantes es “rechazo social” por sus propios actos y que su exposición responde a un conflicto político y gremial. Además, reivindicó la libertad de expresión como derecho fundamental:
“Vivimos en un país donde las redes permiten expresarse de manera masiva. Lejos de detenerme, esta denuncia potenció mi batalla”.
Dos caras de la moneda
- La Justicia y la fiscalía: ven un patrón de hostigamiento digital que escaló en amenazas y persecuciones, y consideran imprescindible proteger a las víctimas.
- Fattorello: sostiene que se trata de una campaña de silenciamiento y que su accionar se enmarca en la libertad de expresión y la denuncia de prácticas internas del IUPA.
El caso se encuentra en etapa preliminar y aún no hubo formulación de cargos. La tensión entre el derecho a expresarse y la necesidad de proteger a quienes se sienten hostigados abre un debate profundo sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital.
