Amparado en el derecho constitucional de vindicación, el jefe de los fiscales de Chubut se presentó ante la Justicia para que se esclarezcan presuntos pedidos de dinero mencionados en un material audiovisual. El fiscal Omar Rodríguez estará a cargo de las actuaciones.
En una acción institucional de alto impacto, el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, se presentó este miércoles en la Fiscalía de Trelew para radicar una denuncia formal y solicitar la apertura de una investigación jurisdiccional sobre su propia conducta y la del organismo que dirige.
La decisión surge tras la viralización de un video tipo «reel» en redes sociales donde se mencionan presuntas irregularidades y pedidos de dinero vinculados a un acuerdo de juicio abreviado. El material, que involucra tangencialmente la estructura del Ministerio Público Fiscal, motivó la reacción inmediata del funcionario para garantizar la transparencia del organismo.
El derecho de «vindicación»
Para esta presentación, Miquelarena invocó el artículo 68 de la Constitución Provincial, que establece el derecho y la obligación de vindicación.
Esta norma exige que todo funcionario público sobre quien recaiga una sospecha o imputación pública por delitos en el ejercicio de sus funciones debe presentarse ante la Justicia para que se investigue su conducta.
Según consta en el acta de denuncia, el Procurador tomó conocimiento del video a través de un familiar. En las imágenes se observa una supuesta reunión entre un abogado del foro local y una mujer, en la cual se menciona la suma de «doce millones de pesos» para alcanzar un acuerdo con una fiscal de la Unidad Anticorrupción.
Inicio de las actuaciones
La denuncia fue recibida formalmente por el fiscal general Omar Rodríguez, jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública. Rodríguez iniciará las tareas correspondientes para analizar el contenido del material audiovisual, determinar la veracidad de los hechos y deslindar responsabilidades.
Con esta medida, el jefe de los fiscales busca que la Justicia determine si existió algún tipo de tráfico de influencias o pedido de dádivas que involucren a miembros del Ministerio Público, o si se trata de una maniobra de desprestigio contra la institución.