La titular de la Unidad Anticorrupción se presentó ante el Ministerio Público Fiscal de Trelew para ejercer su derecho de vindicación. El material audiovisual muestra a un abogado recibiendo 12 millones de pesos a cambio de, supuestamente, gestionar una rebaja de pena con la funcionaria.
El Poder Judicial de Chubut atraviesa horas de extrema tensión. Este jueves, la fiscal general de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, se presentó formalmente en el Ministerio Público Fiscal para ponerse a disposición de la Justicia. La medida busca esclarecer su rol ante la viralización de un video que sugiere una maniobra de sobornos y tráfico de influencias.
La presentación de Gamarra se suma a la realizada el miércoles por el Procurador General, Jorge Miquelarena, quien también fue mencionado en el material que circula masivamente en redes sociales y portales informativos.
La maniobra bajo sospecha
El video que desató la crisis institucional muestra al abogado del foro local, Martín Castro, manteniendo una reunión con una mujer. En las imágenes se observa la entrega de 12 millones de pesos, suma que —según se desprende del audio— tendría como destino final influir en la decisión de la fiscal Gamarra para «aliviar» la situación procesal y la pena de un condenado.
Ante la gravedad de la acusación pública, Gamarra optó por la vía constitucional para intentar limpiar su nombre. A través de un comunicado de prensa, se informó que: “La presentación tiene como objetivo que se lleve adelante una investigación completa respecto del video en cuestión”.
La obligación de «vindicarse»
Ambos funcionarios, tanto Gamarra como Miquelarena, han invocado el artículo 68 de la Constitución de la Provincia del Chubut. Esta norma establece el derecho y la obligación de vindicación:
Todo funcionario público que sea objeto de una sospecha o imputación pública por delitos en el ejercicio de su cargo, debe presentarse ante los tribunales para exigir que se investigue su conducta hasta las últimas consecuencias.
El curso de la investigación
La denuncia fue recibida por el fiscal general Omar Rodríguez, quien ahora tiene la compleja tarea de peritar el material audiovisual, tomar testimonios y determinar si existió un delito de cohecho (pago de coimas), tráfico de influencias por parte del abogado involucrado, o si se trata de una puesta en escena para perjudicar a los magistrados.
Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación preliminar, mientras la sociedad chubutense aguarda respuestas sobre uno de los escándalos más resonantes que ha salpicado a la Unidad Anticorrupción en los últimos años.