La Justicia santafesina puso la lupa sobre la organización AEVAS. Se las acusa de utilizar «formularios prearmados» y diagnósticos idénticos en distintas causas para alejar a padres de sus hijos. El jefe de fiscales de Rosario reforzó el equipo de investigación ante la aparición de nuevos casos.
ROSARIO. – Lo que comenzó como una sospecha entre abogados penalistas se ha transformado en una de las denuncias más graves de los últimos años en el ámbito judicial de Santa Fe. Una presunta asociación ilícita conformada por profesionales de la salud mental habría montado una estructura dedicada a la fabricación de informes psicológicos falsos para sostener acusaciones de abuso sexual infantil, derivando en la ruptura de vínculos familiares durante años.
La denuncia penal, presentada originalmente en septiembre de 2025, señala a tres psicólogas (identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A.) vinculadas a la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS). Según los abogados denunciantes, el mecanismo consistía en presentar informes con contenidos «copiados al pie de la letra», donde incluso las descripciones de los juegos de los niños y la terminología sobre órganos sexuales eran idénticas entre pacientes que no tenían relación alguna.
Un patrón de «informes clonados»
El abogado José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, explicó que la alerta saltó al detectar denominadores comunes en al menos ocho causas. «Las coincidencias son tantas que, si se suprimieran los nombres, podría pensarse que se trata de un único paciente», señaló.
La acusación sostiene que las profesionales partían de la premisa de que el abuso era cierto antes de evaluar al menor, condicionando las sesiones de «hora de juego» —las cuales no eran registradas en audio ni video— para instalar relatos de agresiones inexistentes. Estos documentos tenían un peso determinante en los tribunales, logrando el dictado de medidas cautelares que impedían cualquier contacto entre los padres acusados y sus hijos.
El calvario de los padres
Uno de los rostros más visibles de esta tragedia es Pablo Barra, quien lleva siete años sin ver a su hija. La última vez que estuvo con ella, la niña tenía tres años; hoy tiene once. A pesar de haber sido absuelto en primera instancia, el proceso judicial y las pericias de esta red lo sumieron en lo que él define como un «calvario de soledad». Su caso es uno de los ocho confirmados, aunque la Justicia estima que el número de padres afectados podría duplicarse.
Refuerzo en la investigación
Ante la magnitud del esquema detectado, el jefe de los fiscales de Rosario, Matías Merlo, decidió esta semana potenciar el equipo investigativo. A la fiscal Guillermina Aiello se sumaron las funcionarias Guillermina Torno y Bárbara Glikman, una señal clara de que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) considera que la dimensión de la trama supera lo conocido inicialmente.
Por su parte, la Corte Suprema de Santa Fe ya mantuvo reuniones con el Colegio de Abogados para abordar la preocupación por la proliferación de estas denuncias en contextos de divorcios conflictivos, iniciando un relevamiento estadístico para detectar posibles fallas sistémicas en el control de las pericias psicológicas.
La causa, caratulada bajo los cargos de asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado, promete ser un punto de inflexión en la forma en que la justicia evalúa los informes de peritos externos en casos de alta vulnerabilidad.