La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut expresó su profunda preocupación y sorpresa tras conocerse la renuncia del Dr. Omar Rodríguez, quien se desempeñaba al frente de la agencia del Ministerio Público Fiscal (MPF) encargada de investigar los delitos contra la administración pública.
Mediante un comunicado oficial, la Asociación advirtió que no puede ignorarse el contexto en el que se produjo la dimisión, ya que la misma fue presentada luego de que un equipo de fiscales —que debieron inhibirse de intervenir— desestimara, durante la licencia del Dr. Rodríguez, la denuncia interpuesta por la entidad contra los ministros del Superior Tribunal de Justicia.
Si bien el Dr. Rodríguez adujo razones personales para su alejamiento, desde la Asociación señalaron que existen circunstancias que merecen ser analizadas, en especial por el impacto institucional que genera su salida en medio de un proceso de investigación sensible.
La renuncia ha abierto un fuerte interrogante sobre la continuidad y transparencia de las causas vinculadas a la administración pública, y desde la entidad judicial remarcaron la necesidad de preservar el funcionamiento del sistema en un marco de independencia y garantías.
TEXTO DEL COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE LA MAGISTRATURA
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut expresa su profunda preocupación y sorpresa ante la renuncia del Dr. Omar Rodríguez, quien ha estado a cargo —durante casi una década— de la agencia del MPF que se encarga de investigar los delitos contra la administración pública.
Dicha decisión se inscribe en la crisis institucional más importante de la historia del poder judicial de nuestra provincia, provocada por quienes ejercen la máxima magistratura, al disponer de los fondos públicos, auto concediéndose privilegios económicos desmedidos y sostener, a pesar de su evidente ilegalidad y contradicción con la ética, designaciones de amigos y familiares en altos cargos, sin mediar ninguna evaluación de idoneidad.
La renuncia fue presentada luego de que un equipo de fiscales, que debieron inhibirse de intervenir, desestimara, durante su licencia, la denuncia que esta Asociación interpuso contra los ministros del STJ.
Es nuestra obligación no claudicar en la lucha por la defensa de la independencia judicial y la necesidad de preservar los derechos constitucionales, que es el principal principio de protección de quienes investigan, especialmente la corrupción, para que no sean inhibidos del poder político.