Tras las violentas protestas y la represión policial, el Ministerio de Educación acudió al reclamo de los padres. Se renovará por completo la planta de directivos, docentes y auxiliares. Los alumnos señalados en las denuncias serán apartados del establecimiento
La crisis en la Escuela Primaria N° 21 ha ingresado en una nueva etapa tras una reunión clave entre las familias y el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta. Luego de jornadas marcadas por la angustia, los destrozos y la intervención policial, las autoridades anunciaron una intervención institucional profunda que implica, en los hechos, refundar el funcionamiento del colegio.
Una renovación de raíz
La medida más drástica confirmada por las autoridades de Supervisión es el reemplazo total del personal del establecimiento. Esto no solo afecta al equipo directivo, que ya había sido desplazado, sino que se extiende a la totalidad de los docentes y auxiliares de servicio.
Esta decisión busca romper con cualquier sospecha de encubrimiento y restablecer la confianza de las familias. El nuevo personal será seleccionado bajo un perfil de experiencia en situaciones complejas, con el objetivo de normalizar un clima escolar que hoy se encuentra completamente roto.
Contención psicológica y medidas con los menores
Además del recambio de nombres, el plan de intervención pone el foco en el impacto emocional:
- Equipos Interdisciplinarios: Se incorporarán psicólogos y especialistas que trabajarán dentro de la escuela con los alumnos y sus familias para abordar el trauma derivado de los hechos denunciados.
- Apartamiento de los señalados: Respecto a los menores involucrados en las denuncias de abuso, se dispuso que no continúen en el ámbito escolar de la Escuela 21. Su educación será garantizada a través de otros dispositivos y modalidades, cumpliendo con los protocolos de minoridad vigentes.
La presión social como motor del cambio
Las familias, que durante este martes enfrentaron gases lacrimógenos y forcejeos con la policía, destacaron que estas soluciones llegaron únicamente gracias a la movilización y la presión en la calle. A pesar del principio de acuerdo, advirtieron que mantendrán una vigilancia estricta sobre la implementación de estos cambios y el avance de las acciones legales contra el personal saliente por presunto incumplimiento de sus deberes.
«Se abre una nueva etapa, pero no vamos a bajar los brazos hasta que la justicia penal actúe sobre los responsables y los cómplices», expresaron voceros del grupo de padres, quienes además instaron a que otras posibles víctimas se acerquen a formalizar denuncias para fortalecer la causa judicial.
El seguimiento judicial
Mientras la escuela inicia su proceso de reestructuración, la Fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual continúa con las pericias y entrevistas. El foco ahora se divide en dos carriles: la investigación del presunto abuso entre menores y la responsabilidad administrativa y penal del personal escolar que pudo haber omitido o silenciado situaciones de riesgo en los últimos años.