La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHCS) de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco difundió un comunicado en el que explicó la reincorporación del agente Bruno Sancci, ordenada por la Justicia en abril de 2026.
El texto recuerda que desde 2019 se iniciaron sumarios y medidas preventivas por denuncias de discriminación y violencia de género. El instructor sumariante había recomendado la cesantía, decisión que fue ratificada por el Consejo Directivo y el Consejo Superior. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia declaró la nulidad de la resolución en 2023 por deficiencias en el procedimiento y, posteriormente, en 2026, declaró prescriptos los hechos denunciados en 2018 y 2019.
La FHCS aclaró que la prescripción “no determina que los hechos no hayan ocurrido ni constituye un pronunciamiento de inocencia”, sino que extingue la posibilidad jurídica de sancionar por el paso del tiempo. También señaló que Sancci percibió íntegramente sus haberes durante seis años sin realizar tareas académicas, en un contexto de restricciones presupuestarias.
El comunicado enfatiza que la reincorporación no borra las conclusiones del sumario ni los testimonios reunidos, y que la Facultad seguirá aplicando medidas preventivas con perspectiva de género.
📣 La respuesta de Sancci en redes
Tras su regreso, Bruno Sancci publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que denunció lo que considera una “cacería de brujas” en las universidades:
“Cuando te CANCELAN y te señalan en redes y medios, te matan civilmente; te destrozan la vida. La desesperación de este estigma es tan profunda que te puede empujar al límite de querer quitarte la vida, y solo te salvás si tenés el apoyo incondicional de tu familia, amigos y las pruebas para defenderte.”
Sancci mencionó además a otros académicos que, según él, fueron afectados por procesos similares en distintas universidades del país, y reclamó que se respete la presunción de inocencia frente a la aplicación de protocolos de género.
🔎 Dos miradas en tensión
- La Universidad: sostiene que las denuncias fueron acreditadas en sede administrativa y que la prescripción no invalida los hechos ni las conclusiones del sumario.
- Sancci: denuncia persecución y estigmatización, y plantea que los protocolos de género se usan como herramientas de cancelación.
El caso expone un debate profundo sobre los límites de la justicia administrativa, la eficacia de los protocolos universitarios y la tensión entre la protección de las víctimas y la defensa de los acusados.