Este lunes 24 de agosto, más de una veintena de instituciones privadas de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa suspendieron por 24 horas la atención programada a afiliados de PAMI. La medida afecta estudios, prácticas médicas y consultas de rutina, aunque se mantienen guardias y emergencias.
Los prestadores denuncian que la obra social de los jubilados paga aranceles atrasados y depreciados frente a la inflación: mientras los costos crecieron un 341% en dos años y medio, PAMI solo reconoció un 143%, lo que representa una pérdida del 75% del valor real.
Clínicas y sanatorios advierten que la situación económica es crítica por el aumento de insumos, medicamentos e impuestos, y que resulta insostenible seguir trabajando con los valores actuales.
La suspensión impacta en unos 300.000 afiliados de la región y expone la fragilidad del sistema de salud para los jubilados, quienes quedan atrapados en medio del conflicto financiero.