La absolución de la docente Roxana Ortega, dictada esta mañana por la jueza María Tolomei, no solo cerró un juicio cargado de tensión, sino que también destapó un trasfondo que genera debate en la comunidad educativa.
La causa se había originado en 2024 a partir de una denuncia impulsada por un grupo reducido de padres, molestos por el cambio de la maestra anterior y la llegada de Ortega al aula. Según trascendió, esos padres habrían influido en los niños con comentarios negativos hacia la nueva docente, generando un clima hostil que derivó en acusaciones de abuso sexual simple agravado.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal pidió una condena cercana a los nueve años, mientras que la querella reclamó dieciséis. Sin embargo, la defensa —a cargo de Oscar Romero y Facundo Bonavita— sostuvo desde el inicio que se trataba de una acusación sin sustento, y finalmente la jueza Tolomei coincidió, absolviendo a Ortega tras semanas de debate.
A la salida de los tribunales, la docente fue recibida con abrazos, aplausos y lágrimas de alivio por parte de colegas, familiares y allegados. La escena contrastó con el origen de la causa: una denuncia que, según la defensa, nació más de un conflicto de padres que de hechos comprobables.
El caso deja planteada una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto las disputas internas y los prejuicios pueden transformar un aula en un campo de batalla judicial?
